Según lo confirman los datos recogidos en el último informe de la CEPAL del año 2019, América Latina continúa siendo “la región más desigual del mundo”, visto desde múltiples perspectivas, social, económica, de acceso a la salud, educación, distribución de ingresos, entre otros.
En esta oportunidad no nos detendremos a analizar los antecedentes históricos de esta realidad que ya lleva décadas insertada en la cotidianidad mundial, por el contrario haremos un énfasis en la proyección de futuro de las acciones necesarias para efectivamente ofrecer el “empujón” que requiere la región para salir adelante.
El principal elemento clave, según señalan muchos expertos, es contar con instituciones públicas que habiliten el manejo eficiente de los ingresos para impulsar el desarrollo. Nuevamente el énfasis recae sobre la institucionalidad, sobre las estructuras que permanecen a través del tiempo, las crisis y los gobiernos; instituciones robustas y eficientes han sido la clave del éxito en países que hoy reconocemos como desarrollados, que han definido normas y reglas claras, pero más allá de eso las han implementado generando una cultura alineada a la integración, valores, reconocimiento del otro, transparencia y participación social.
El punto de partida en esta carrera de mejora institucional debe estar marcado por componentes de la realidad actual, elementos digitales que guíen el desarrollo de estas nuevas estructuras en el marco de las políticas públicas 4.0. Las agendas tradicionales y los métodos conocidos ya no son aceptados en esta “era digital”, ha llegado la hora de la disrupción en el pensamiento y en la acción, generar ideas y proyectos innovadores, aprovechar el conocimiento y las tecnologías creadas y probadas en otras latitudes y especialmente generar valor por igual, evitando discriminaciones y contribuyendo de forma poderosa y definitiva a la reducción de las brechas en nuestras sociedades, tanto en el orden político, social, económico, sanitario, educativo y del ser humano como individuo integral.
En el caso de la desigualdad en el acceso a los servicios públicos básicos (agua, electricidad y aseo), esta situación hoy se encuentra ampliamente estudiada e identificada en cada uno de los países de nuestra región. Las soluciones provenientes del uso de tecnologías adecuadas ya existen y están disponibles para acompañar todo el proceso que en primer lugar debe partir de la identificación de cada individuo, ¿quién es? ¿dónde vive? ¿con quién vive?, otorgarle un número único que lo defina como ciudadano para que el Estado pueda incluirlo fácilmente en sus estimaciones de erogación de recursos, así como también de captación de ingresos.
Por otro lado, es imperativo hacer uso de las tecnologías actuales que habilitan la recolección, tratamiento y distribución de aguas, generación y potenciación de fuentes de energías limpias (eólica, solar, hídrica, biomasa, etc.), prácticas para el tratamiento y gestión de diferentes tipos de desechos (gasificación, pirólisis, plasma, etc.), integradas con tecnologías que permitan georreferenciar las necesidades ciudadanas y las fuentes de recursos, logrando establecer las mejores rutas y/o combinaciones para la gestión eficiente del recurso; evaluar los costos directos e indirectos que impactan cada uno de los componentes involucrados y como estos son efectivamente distribuidos en función de la cobertura de cada servicio; finalmente habilitar los canales expeditos de comunicación institución-ciudadano de forma tal que faciliten la participación ciudadana en un entorno de reciprocidad en la gestión de información, eficiencia de costos y calidad del servicio, versus oportunidad y satisfacción por parte del ciudadano.
Pero ¿cómo llegamos allí? Una de las claves fundamentales es lograr una gestión efectiva de las políticas públicas.
En este sentido, una gran parte de los Estados a nivel mundial han optado por el enfoque de formulación y aplicación de políticas públicas mediante el abordaje de la problemática económica, política, social, cultural y ambiental, desde las lecciones aprendidas (datos del pasado) y mediante el análisis empírico orientado a la evaluación del momento presente para enfrentar la incertidumbre que le acontece a la sociedad; a través del uso de este enfoque el análisis de los futuros impactos, el beneficio real de las políticas implementadas y la verdadera generación de valor público resultan obsoletos e irreales, dejando siempre las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los resultados de las políticas públicas? ¿Cuál es el impacto real de estas políticas? ¿Cuáles elementos se deben priorizar de acuerdo con el contexto región-cultura-ciudadano? ¿Cuáles fueron los programas que funcionaron mejor y cuáles no?, etc.
Es imperiosa la necesidad de disminuir lo ruidoso y costoso de las políticas y programas que aspiran a resolver problemas que no eran prioridad y desechan las necesidades reales de la sociedad; resolver estas dificultades con una estrategia que respete y equilibre los procedimientos técnicos y métodos democráticos pasa por un exhaustivo análisis de las tecnologías existentes y un uso transparente y recurrente para los agentes de transformación política.
Existen evidencias claras que la política se ha deformado a partir de los intereses particulares de los políticos, evidenciándose en la construcción de aeropuertos fantasmas que no se necesitaban, vías de trenes en ciudades con poca afluencia, nuevas autopistas privadas que no eran requeridas, etc. En consecuencia, el gasto y las prioridades de los ciudadanos no están precisamente en la mira del político de turno que orientó un gasto público a una realidad diferente al sentir de los ciudadanos.
En la administración pública actual la pregunta que hoy hay que formularse no es ¿qué se puede hacer con los datos digitales? La pregunta correcta es ¿qué debo hacer con los datos digitales? Y la respuesta es única, clara y contundente: generar políticas públicas impulsadas por datos. Los conceptos de gestión de políticas públicas basadas en evidencias (EBP por sus siglas en inglés) que conocimos en la década de los noventa aún siguen vigentes, sólo que hoy están siendo complementados (y eventualmente serán sustituidos) con la gestión de políticas públicas impulsadas por datos (data-driven policymaking).
Las políticas públicas 4.0 impulsada por datos (data-driven policymaking), ahora mismo se centran en resolver problemas de desigualdad apalancados en la transformación digital, veamos el ejemplo claro de los mapas de pobreza que se vienen generando a través de imágenes satelitales y los metadatos de la tecnología móvil celular, siendo más eficientes que las encuestas y censos esporádicos que hacen los gobiernos en el mundo.
Los mapas de pobreza son una muestra que la trasformación digital llego para quedarse en nuestras estrategias de innovación de gobiernos, todas estas tecnologías catalizadoras podrán ser usadas de forma gratuita, como es el caso del satélite sensor sentinela 2, que presta un servicio de rigor científico para generar todo la información que requiera una visión holística de las oportunidades de intervención en las políticas públicas 4.0.
El uso y aplicación de estos conceptos hoy en día nos permite introducir reformas plausibles que garanticen la gestión de la desigualdad y la participación ciudadana para el diseño y la gestión de políticas públicas 4.0. En términos prácticos, las instituciones públicas en la realidad actual tienen la posibilidad de diseñar e implementar procedimientos científicos y democráticos que integren los deberes y obligaciones implícitas en las relaciones ciudadano-gobierno, a través de soluciones (aplicaciones, portales, chatbots, etc.) que permitan visibilizar la gestión de las políticas públicas y la respuesta e interacciones ciudadanas que evalúan y aprueban o rechazan estos planteamientos.
Finalmente, la apuesta es lograr políticas robustas mediante estrategias adaptativas en un entorno digital y profundamente cambiante en lo acelerado de la información; esta robustez estará soportada por la democracia y el impulso de la transformación tecnológica de la nueva “era digital”, sin embargo, la suposición de que el futuro es impredecible y las decisiones humanas pueden ser erróneas será siempre el factor de riesgo a mitigar en este modelo. Para mitigar las posibles reacciones adversas a las políticas públicas 4.0, debemos trabajar en un marco adaptativo de pequeños experimentos sociales que incluyan ciudadanos comprometidos, críticos y activos que nos ayuden a realizar exploraciones más detalladas de sus entornos y los escenarios que puedan ser creados de forma conjunta entre las partes.
El futuro de la administración pública y la gestión de políticas públicas 4.0 ya ha llegado, el reto es inmenso y las oportunidades de generar valor son aún mayores. La masificación tan amplia que han alcanzado muchas tecnologías en esta época (redes sociales, teléfonos inteligentes, comercio electrónico, entre otras) establece una ruta rápida para el logro de una verdadera y contundente reducción de la desigualdad en nuestras sociedades.
Ahora es necesario disponer de una clase política con capacidades, disposición y hambre de tecnología; equipos disruptivos y realmente innovadores que busquen implementar soluciones prácticas a problemas cotidianos, que en muchos casos incluso no ameritan grandes erogaciones de dinero. El futuro de la administración pública y la gestión de políticas públicas 4.0 definitivamente es de los creativos, innovadores y disruptivos, esa es y deberá ser la consigna en esta época.
Por Bam-Mentors y Cavecom-e
